La medida cautelar fue dictada por un juzgado de La Plata tras una presentación de la Defensoría del Pueblo bonaerense. El fallo cuestiona aspectos del proceso impulsado por el Gobierno nacional y advierte sobre posibles riesgos para el acceso al agua potable, las obras de infraestructura y la protección ambiental.
La Justicia de la provincia de Buenos Aires dispuso frenar el avance del proceso de privatización de Agua y Saneamientos Argentinos (AySA), una de las iniciativas impulsadas por el Gobierno de Javier Milei para transferir empresas públicas al sector privado.
La decisión fue adoptada por el titular del Juzgado Contencioso Administrativo N° 2 de La Plata, Mariano López, quien hizo lugar a una medida cautelar presentada por la Defensoría del Pueblo bonaerense. El magistrado consideró que existen elementos suficientes para analizar el posible impacto que podría tener la privatización sobre derechos vinculados al acceso al agua potable y al cuidado del ambiente.
Además de suspender el proceso, el fallo ordenó que AySA mantenga sin modificaciones sus obligaciones de prestación, inversión e infraestructura en los 26 municipios bonaerenses donde brinda servicios.
La acción judicial fue impulsada por la Defensoría del Pueblo de la provincia de Buenos Aires, encabezada por Guido Lorenzino, que había advertido sobre eventuales consecuencias derivadas del nuevo esquema de concesión diseñado por el Gobierno nacional.
Según el organismo, el proceso de privatización no contemplaría de manera suficiente cuestiones vinculadas con la expansión de redes, el mantenimiento de la infraestructura, las obras de saneamiento, la remediación ambiental y la continuidad de un servicio considerado esencial.
En ese marco, la presentación sostuvo que existía el riesgo de que se redujeran exigencias regulatorias y se postergaran inversiones consideradas estratégicas para garantizar el acceso al agua y el saneamiento.
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